Descubra que es el Déficit de Tarifa

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El déficit de tarifa o déficit tarifario, en el sector eléctrico español tiene su inicio en el año 2000 y hace referencia a la diferencia entre los ingresos que las empresas eléctricas españolas perciben por los pagos de los consumidores y los costes que la normativa reconoce por suministrar electricidad. La deuda por el déficit de tarifa eléctrica en España superó la cifra de 30.000 millones en 2014.

¿Qué es el Déficit de Tarifa?

El déficit de tarifa es la diferencia entre la cantidad total recaudada mediante los peajes de acceso a las redes y cargos (precios regulados que establece la Administración y pagan los clientes por acceder al Sistema) y los costes reales asociados a dichas tarifas (costes de transportar, distribuir, subvencionar determinadas energías y otras actividades y servicios que según el ordenamiento jurídico se retribuyen con cargo al Sistema).
“La diferencia entre los derechos de cobro reconocidos a las compañías eléctricas y lo ingresado a través de las tarifas eléctricas”, según la definición de Natalia Fabra, de la Universidad Carlos III de Madrid, y Jorge Fabra, de Economistas Frente a la Crisis.

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¿Es esta una deuda de todos los españoles?

Sólo durante los primeros seis meses de 2014, el déficit de tarifa ha acumulado más de tres mil millones de euros, los cuales se añaden a los más de 28 mil millones que los consumidores deberían a finales del 2013.
Sumando y sumando: 30 mil millones de euros de déficit tarifario acumulados en la actualidad.

Y ya que lo que pagan mes a mes los consumidores en sus facturas no alcanza a cubrir lo que le cuesta a las eléctricas proporcionar la energía, la diferencia (los 30 mil millones de euros) la deben los clientes a las COMERCIALIZADORAS.

Analizando la situación, podríamos decir que cada uno de los más de 47 millones de españoles debemos a las empresas eléctricas más de 680 euros. Y, ¿cómo pretenden las autoridades que “paguemos nuestra deuda”?… con futuras alzas de la tarifa eléctrica.
Según las proyecciones del ministerio de Energía, en 2017 se registrará un superávit de ingresos en el sistema de 9 millones. Hasta aquí, todo en orden. Pero si se compara esa cantidad con los 550 millones conseguidos en 2014, algo empieza a decaer. Según la Ley, el sistema no puede tener déficit. El caso es que la situación es peor. Si se revisan las partidas previstas por el ministerio, resulta que el superávit se consigue gracias a una partida extraordinaria: los 175 millones de compensación por los costes de los territorios no peninsulares en 2015. En conclusión, en 2017 el sistema eléctrico tendría otra vez déficit de tarifa de 166 millones de no ser por una cuenta extraordinaria.

Carácter y origen del déficit de tarifa eléctrico español

El déficit tarifario se considera un déficit regulatorio y no un déficit económico. Esto es debido a que los costes reales que tienen las empresas son inferiores (según las propias empresas, puesto que, como se ha dicho anteriormente, las mismas se niegan a someterse a auditorías públicas de costes) a los que la regulación les reconoce.

Liberalización del sector

El déficit de tarifa tiene su inicio en el año 2000. Desde la liberalización se comenzó a aplicar por parte de los gobiernos del PP presididos por José María Aznar (continuada por los gobiernos socialistas presididos por José Luis Rodríguez Zapatero y por el gobierno del PP de Mariano Rajoy) una política de congelación de la tarifa de la luz al margen de los costes declarados de la energía, que se transformó en "deuda" del Estado para con las empresas productoras de electricidad.
Este déficit de tarifa no ha dejado de crecer año tras año, especialmente desde 2005, hasta alcanzar la cifra de 30.000 millones de euros en 2013.La deuda del sistema eléctrico era de 25.056 millones de euros a 31 de diciembre de 2015, lo que representa una reducción de un 7% (1.890 millones) respecto al año 2014, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Uno de los principales contribuyentes al crecimiento del déficit tarifario, es la moratoria nuclear (suspensión temporal del desarrollo de políticas de construcción y puesta en marcha de centrales energéticas de fisión atómica -centrales nucleares-), mediante la cual las centrales eléctricas siguen recibiendo grandes ayudas anuales, pese a estar ya amortizadas. Su contribución al déficit de tarifa asciende hasta los 4.000 millones de euros (17% del total).

Errores de estimación y decisiones políticas

Las diferencias entre la recaudación por tarifas integrales y de acceso y los costes reales de las mismas se originan básicamente de dos maneras:
• Errores de estimación (diferencia entres los costes reales del suministro de la energía y las previsiones realizadas al inicio del año por el Gobierno).
• Decisiones regulatorias del gobierno.
La mayor parte de los costes que determinan las tarifas son previsiones. Dos ejemplos son:
a) El coste de adquisición de la energía, por parte de los generadores, para el suministro a los consumidores acogidos a la tarifa integral.
b) El coste de la producción del Régimen Especial, que recibe primas.

Los errores de estimación crearían un déficit coyuntural y no estructural, ya que las previsiones podrían serlo en cualquier sentido -positivo o negativo- y a largo plazo el déficit promedio tendería a ser nulo. Sin embargo, es el Gobierno el encargado de aprobar las tarifas eléctricas en cada periodo marcado. En 2000 sus responsables aprobaron unas tarifas que no incluían todos los costes que las compañías eléctricas aseguraban tener. Ese fue el comienzo del déficit de tarifa, una especie de deuda aplazada de los consumidores con las empresas eléctricas. Su objetivo inicial: mantener bajos los precios de la electricidad y evitar efectos negativos en la inflación, la competitividad, así como desgaste político.

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Josep Piqué, ministro de Industria en esa época, justificó la medida en la mala situación económica del país señalando que tenía carácter temporal, se acordó 10 años. Sin embargo, los sucesivos gobiernos han mantenido esta decisión, independientemente de la situación económica, por lo que el déficit de tarifa ha ido aumentado año tras año, llegando en 2014 a más de 30.000 millones de euros.
Esta forma de proceder por parte de los gobiernos ha dado lugar a un déficit estructural cada vez más elevado y difícil de mantener, que tiene efectos sobre el desarrollo de la competencia en los mercados y sobre las señales económicas que reciben generadores y demanda. El déficit no es otra cosa que una deuda del Sistema (es decir, de los consumidores) con las empresas que aportan la financiación del citado déficit. Por lo tanto, requiere recursos financieros para cubrir la diferencia entre los ingresos de las empresas y los pagos realizados por los consumidores presentes.
Los recursos financieros para realizar estos pagos se obtienen, con la garantía regulatoria expresada en un Real Decreto, a través de la promesa de que serán recuperados en el futuro mediante recargos sobre las tarifas de acceso a las redes. Este proceso es el que se conoce como financiación de déficit (el método por el cual las empresas pueden adelantar los fondos necesarios para cubrir estos costes sin afectar al normal funcionamiento de su actividad es la cesión a terceros de estos derechos que, a cambio, entregan a sus titulares el valor presente de los flujos futuros esperados a un determinado tipo de descuento. Con la regulación del déficit ex – ante, introducido en 2007, supuestamente la inflación del déficit es externalizado directamente a empresas con mayor vocación financiera).
La insostenibilidad del creciente aumento del déficit tarifario exigiría una reforma que termine con la retribución excesiva y no justificada que los consumidores pagan por la electricidad generada en las centrales nucleares e hidroeléctricas.

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¿Quién paga el déficit de tarifa?

Nosotros los usuarios pagamos parte del déficit eléctrico día a día en nuestra factura a través de los peajes de acceso.
El déficit se tiene con las empresas eléctricas, estas empresas puede o soportarlos ellas mismas o cederselo a terceros a cambio de un interés.
El problema está en que tenemos una deuda acumulada del déficit generado en anteriores periodos (que por supuesto lleva asociado un coste por los intereses) y los nuevos ingresos de este periodo no cubren para pagar el déficit anterior y sus intereses ni el coste real de este periodo.

¿Qué pagan exactamente en la factura de la luz los consumidores?

Alrededor del 60% de lo que pagan los consumidores españoles en el recibo de la luz son impuestos (20,1%) y los denominados peajes de acceso. En dichos peajes están las primas para el fomento de las energías renovables (21,8%), el transporte (3,7%) y distribución (12,8%) de la energía y un pack que suma un 3,7% de la parte regulada en la que está el peaje especial para las grandes empresas, la moratoria nuclear, los costes extraordinarios para las islas, Ceuta y Melilla y, por último, el déficit de tarifa.
El otro 35-40% es el precio de la energía.

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